En su declaración del lunes, el Consejo Ejecutivo del Fondo afirmó que el país violó la sección quinta del Artículo VIII del principal estatuto de la institución, que obliga a los Estados miembros a dar datos veraces sobre su nivel de deuda.
Preguntado sobre el caso del crédito del Gobierno a la empresa Sun Land, Offerdal comunicó a Efe que el directorio "hizo una evaluación sobre la información incompleta" y divulgó sus conclusiones en una declaración emitida el pasado lunes, como parte de su última revisión del acuerdo crediticio con República Dominicana.
En ese documento, el Consejo, que representa a los 185 países miembros, dijo que el país no cumplió con uno de los parámetros del acuerdo y también violó la "carta magna" de la institución, al no informarle de una suspensión de pagos de la deuda pública ocurrida el año pasado.
Ese órgano no mencionó a la empresa Sun Land, pero un portavoz del Fondo que no quiso ser identificado confirmó ayer a Efe que esa infracción está vinculada al préstamo que el Gobierno otorgó a Sun Land, por valor de 130 millones de dólares.
Offerdal afirmó que "el directorio del FMI no hizo una indicación de si el Gobierno debería extender este préstamo o no, como se menciona en el cable de la agencia de prensa Efe".
No obstante, la nota transmitida por la agencia no decía que el directorio del Fondo hizo esa indicación.
Citaba, en cambio, al portavoz, que afirmó, por escrito, que para República Dominicana "es necesario evitar operaciones similares en el futuro".
La nota de Efe decía que con sus declaraciones, el Fondo indicaba que el Gobierno no debía haber extendido el crédito, algo que confirmó expresamente a la agencia de noticias una fuente del organismo.
La nota también señalaba que el FMI parecía considerar el préstamo como deuda pública.
Offerdal, por su parte, enfatizó que "el FMI no tiene ningún mandato para involucrarse en la constitucionalidad de esta transacción; este es un tema del sistema jurídico del país".
El contrato entre el Gobierno y Sun Land fue firmado por el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del estado, Félix Bautista, quien suscribió los 19 pagarés del préstamo, los cuales aparentemente entraron en suspensión de pagos temporalmente.
En su declaración del lunes, el Consejo Ejecutivo del Fondo afirmó que el país violó la sección quinta del Artículo VIII del principal estatuto de la institución, que obliga a los Estados miembros a dar datos veraces sobre su nivel de deuda.
Pese a la infracción, el Consejo Ejecutivo anunció que no tomará "ninguna medida adicional en este momento" contra el país, en vista de que su Gobierno había adoptado "acciones correctivas" para que no vuelva a ocultarse información y que no se repita una mora en el pago de la deuda pública.
Según el portavoz del Fondo, las autoridades dominicanas han abonado parte de la deuda que estaba en suspensión de pagos y renegociado los pagos de otra parte.
El opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) asevera que la operación violó la Constitución, al no recibir la autorización del Congreso Nacional, y ha interpuesto un recurso ante la Suprema Corte de Justicia.
El Gobierno, por su parte, mantiene que esa aprobación no era necesaria, y el presidente del país, Leonel Fernández, ha afirmado que la operación fue legal y transparente.
En diciembre, el Gobierno rescindió el contrato, firmado en mayo de 2006, de "mutuo acuerdo" con la empresa, por causa de los atrasos en las obras que debía haber realizado Sun Land.(EFE).
